ABOGADO PENALISTA CADIZ

Una denuncia falsa es en sí misma un delito tipificado en el Código Penal, y quien la interpone puede ser perseguido penalmente. Dicho esto, mientras la denuncia está activa, el investigado tiene que defenderse en ese procedimiento con la misma seriedad que si los hechos fueran ciertos, porque la instrucción avanza con independencia de la veracidad de lo denunciado.

Las sentencias dictadas en primera instancia son recurribles ante la Audiencia Provincial —o ante el Tribunal Superior de Justicia en algunos casos— mediante el recurso de apelación. Las sentencias firmes pueden impugnarse, en supuestos tasados, mediante el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Los plazos para interponer estos recursos son breves y su incumplimiento los extingue de forma irreversible.

El derecho penal es la rama del ordenamiento jurídico que regula los delitos, las faltas y las penas aplicables cuando alguien vulnera las normas más graves de convivencia social. A diferencia de otras áreas del derecho, en el proceso penal el Estado actúa directamente contra el individuo, lo que hace que la asistencia de un abogado especializado no sea opcional, sino determinante.

El trabajo del penalista no empieza en el juicio oral. Empieza en la fase de instrucción, cuando el juez investiga los hechos y decide si hay base suficiente para abrir juicio. Es en ese momento —habitualmente ignorado por quienes no están familiarizados con el sistema— cuando se pueden presentar las pruebas más relevantes, interrogar testigos, impugnar diligencias y cerrar las vías que la acusación intentará aprovechar más adelante.

Una vez en el juicio penal propiamente dicho, el abogado defensor gestiona los interrogatorios, refuta la prueba de cargo, plantea atenuantes y, si la condena es inevitable, trabaja para que sea la mínima posible y recurrible en las instancias superiores.

El proceso penal español se divide, de forma simplificada, en tres fases que tienen implicaciones muy distintas para la defensa. La fase de instrucción es el momento en que el juzgado investiga los hechos: se toman declaraciones, se practican diligencias y se recopila la prueba que eventualmente se usará en el juicio. Actuar con un abogado desde esta fase —y no solo cuando se recibe la citación para juicio oral— es la decisión que con mayor frecuencia marca el resultado final del procedimiento.

La fase intermedia, que en el procedimiento ordinario comprende el escrito de defensa y las cuestiones previas, es el momento para impugnar la prueba de cargo, plantear nulidades y, en su caso, negociar los términos de una conformidad que puede reducir significativamente la pena. Llegar a esta fase sin haber actuado en la instrucción limita considerablemente las opciones.

El juicio oral es el momento más visible del proceso, pero no necesariamente el más decisivo. La mayor parte de las condenas se explica por lo que ocurrió —o no ocurrió— en las fases anteriores.

En cuanto a los plazos, una de las preguntas más habituales es cuánto tiempo tarda en salir un juicio penal. La respuesta honesta es que depende del tipo de delito, de la complejidad de la instrucción y de la carga de trabajo del juzgado competente. Los procedimientos por delito leve pueden resolverse en meses; las causas complejas, con varios investigados o con componente económico, pueden extenderse durante años. La sentencia, una vez celebrado el juicio, suele dictarse en un plazo de semanas a pocos meses, aunque también aquí hay variabilidad significativa según el órgano.